El gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, con esa fijación de ideas que le caracteriza, ha insistido en que en España se deben extraer por el Gobierno las lecciones del caso griego, e iniciar de inmediato las “reformas estructurales” que a su juicio se requieren y que, como es bien sabido, implican reducción del gasto social, degradación de las garantías de empleo, descausalización y abaratamiento del despido y freno del gasto público. El llamado “rescate griego” significa recorte de sueldo de los funcionarios, aumento de la fiscalidad regresiva a través de la subida de impuestos indirectos, rebaja en las pensiones, reducción drástica de organismos administrativos, recorte de la inversión pública, venta al por mayor de empresas públicas y privatización generalizada en la energía y el transporte, liberalización de los servicios y, como último elemento que no puede faltar en una receta de salvación económica, abaratamiento del despido. Ello debe conseguir una caída del PIB del 4% en este año y un 3% en el 2011, para volver a crecer, al 1% a partir del 2012.Frente a este tema, la Confederación Europea de Sindicatos ha elaborado un comunicado que lleva por título “Un precio injusto e inaceptable para la salvación de Grecia”, y del que se pueden entresacar los siguientes párrafos:
“La defensa frente a los especuladores financieros por parte de Europa llega tarde y mal e impone una carga inaceptable para los trabajadores y sus familias. Grecia entrará en una recesión deflacionista que durará años. Aumentará el paro y la pobreza, que alcanzaba ya al 20 % de la población griega, seguirá aumentando.”
El mensaje subyacente que se dirige a los trabajadores europeos es claro: la reducción de los gastos sociales y el recorte salarial que hoy se dan en Grecia serán las políticas que se impongan mañana en Portugal y en España, y pasado mañana en Francia, Alemania, Bélgica. La CES llama a los policymakers (decididores) europeos a impedir que los especuladores destruyan el modelo social europeo y a romper con este “ajuste estructural salvaje”. Para ello, se proponen medidas de refinanciación del préstamo griego, reajuste y aumento significativo de las balanzas de pago de la Comisión que cubra a todos los países europeos, movilizar a las bancas centrales contra las maniobras especuladoras, suspender la utilización de las calificaciones de la deuda y la acción de éstas en la valoración de las políticas monetarias y financieras, en la idea de crear una propia agencia europea de calificación, lanzar en fin una iniciativa de impulso económico con fondos europeos y con una obligación común de invertir en programas de infraestructuras que hagan salir a Grecia de la recesión y de la depresión”.
Es también conocido que CCOO y UGT apoyan sin fisuras la convocatoria de huelga general en Grecia, y que la CES ha transmitido esta queja al Presidente Permamente del Consejo - nadie recuerda que la Presidencia rotatoria de la Unión la desempeña el gobierno español, ni siquiera al parecer el propio gobierno – sin que esta oposición haya merecido reflexiones en los medios de comunicación, que siguen hablando unánimemente, de un programa de reformas “muy ambicioso”.
La permisividad con los fenómenos especulativos de los mercados financieros, y la monótona receta neoliberal que repercuten sobre los trabajadores y las clases populares todos los sacrificios para mantener acentuadas las condiciones de explotación y aumentar el sufrimiento de las personas, debería llevar al sindicalismo europeo a elaborar un discurso más general sobre Europa, su dimensión social y las formas de expresión de la sociedad de libre mercado que anulan o derogan niveles mínimos de convivencia social y de dignidad personal. En ese discurso, la apertura de una zona fuerte de disenso con la política y la economía de los “decididores” europeos es ineludible, como es asimismo necesario que se reconstruya una visión unitaria y solidaria del sindicalismo europeo. No fueron los trabajadores y las trabajadoras griegas quienes han puesto en duda la solvencia de mercado del país, ni quienes falsificaron durante años las estadísticas. Las lecciones del caso griego, como nos solicita el responsable del Banco de España, llevan a una conclusión muy evidente: no se puede permitir que las consecuencias de la crisis se descarguen sobre los trabajadores. El problema no son ya los especuladores sino el propio sistema económico. Si sólo puede funcionar mediante la violencia y la degradación del trabajo y de la vida de las personas, no hay otra posibilidad que organizar la defensa al tiempo que se camina hacia su anulación. Hay que comenzar a decir no en voz cada vez más alta.
Antonio Baylos, es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario