Coincido con Michel Rocard cuando afirma que se honra a la política y a la democracia respetando a los adversarios. Creo haber observado esa regla a lo largo de mi dilatada vida pública. Pero debo confesar que en ocasiones me resulta muy difícil cumplir con tal elemental principio democrático. Incluso me interrogo sobre la utilidad de hacerlo cuando en un país como el nuestro, y cuando están en juego cuestiones que afectan vitalmente a su futuro, dirigentes con altas responsabilidades públicas practican sin rubor la hipocresía, promueven la confusión, subordinan los intereses generales a las estrategias personales o partidistas y muestran una alarmante falta de visión a medio y largo plazo.Un ejemplo paradigmático de esa irresponsable conducta lo constituye la actitud de Núñez Feijóo y sus principales decisiones políticas. Comprenderán ustedes que es preciso realizar un gran esfuerzo para mantener el respeto a un dirigente como Feijóo que desde que ostenta posiciones de poder, primero en el PP y ahora en la Xunta de Galicia, ha hecho saltar por los aires todos los consensos políticos y sociales sobre los que se asentó nuestro sistema autonómico y en cuyo contexto se produjeron las sucesivas alternancias democráticas.
El presidente Feijóo podrá intentar desvirtuar la realidad recurriendo a su amplio arsenal de eufemismos y filigranas semánticas, pero es evidente que con él fue imposible reeditar el acuerdo que dio vida a nuestro Estatuto de Autonomía con el fin de abordar su necesaria reforma, causando así un grave daño a Galicia por el que estamos pagando un alto precio. Y fue también el actual presidente de la Xunta quien ha roto el consenso lingüístico que había funcionado razonablemente bien desde hace 25 años, consenso plasmado en la Lei de Normalización Lingüística y en el Plan Xeral de Normalización, ambos textos elaborados y aprobados unánimemente con gobiernos del Partido Popular. El primero de ellos (Lei de Normalización) bajo presidencia de Fernández Albor y el segundo (Plan de Normalización) durante el mandato nada menos que de Fraga Iribarne.
Así las cosas, aceptará Núñez Feijóo que, a la luz de nuestra historia reciente, recae sobre él, y sólo sobre él, la responsabilidad no sólo del destrozo que se va a producir en nuestro sistema educativo sino también la de provocar una fractura social y una confrontación de imprevisibles consecuencias si se considera la dimensión política y emocional del problema que ha creado con sus decisiones.
La gente sabe perfectamente que el actual Gobierno gallego está haciendo concesiones de fondo a los sectores más ultramontanos y que su política lingüística representa una involución histórica en la defensa de nuestro idioma. Por eso de nada le servirá a Núñez Feijóo pretender que el problema se reduce a un enfrentamiento entre dos radicalismos, intentando equiparar irresponsablemente a Gloria Lago y sus mariachis con la Real Academia Galega, el conjunto de la oposición parlamentaria, la totalidad de los sindicatos y las innumerables instituciones sociales y culturales que rechazan las bases del decreto sobre el uso de las diversas lenguas en la enseñanza presentadas por el Gobierno de Feijóo. En vez de continuar con ese delirio, el presidente de la Xunta está obligado a rectificar y, de ese modo, evitar el incendio social cuyas llamas amenazan con abrasarnos a todos. Si no lo hace, la ciudadanía le pasará una dura factura.
Cuando recuerdo, sucumbiendo a uno de esos arrebatos de nostalgia que alguna vez todos padecemos, que he conocido tiempos en los que la política era considerada una actividad respetable y noble, seguramente pensarán ustedes que me refiero a experiencias vividas en otro país o incluso en otro planeta. Sin embargo, nuestra democracia conoció en el pasado períodos en los que el rigor y el respeto democrático eran norma, en los que existían límites morales infranqueables y en los que la imprescindible confrontación democrática era compatible con el respeto al adversario, a la ciudadanía y al interés general. Quien violaba estas reglas era repudiado y su oportunismo ramplón merecía el rechazo general. En aquellos tiempos, Feijóo no hubiera podido ser presidente de la Xunta de Galicia.
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