En el análisis que hemos venido desarrollado, el "equilibrismo" del Gobierno Zapatero entre los distintos intereses fundamentales afectados por la crisis tenía un límite: la posibilidad de emitir y colocar deuda pública en los mercados globalizados. Se trataba de un margen de maniobra bastante amplio, porque a diferencia de la media de deuda pública de la zona euro, situada en el 90% del PIB, la deuda pública española está por debajo del 50%, a pesar de las medidas anticíclicas adoptadas en estos dos años de crisis económica, a través del Plan E, que han supuesto un déficit presupuestario del 11,4% del PIB. Es en ese margen en el que el gobierno intentaba conciliar el mantenimiento y estimulo de la recuperación de la tasa de beneficios y un gasto social que, a pesar de todo, se encuentra por debajo de la media de la eurozona. En sus propias palabras, "la modernización de la economía española y la cohesión social". Pero la colocación de deuda pública en los mercados financieros internacionales responde no solo a factores "objetivos", como su coste en relación con el PIB, sino, sobre todo, a factores "subjetivos". Es decir, de la apreciación por parte de esos mercados financieros de los posibles beneficios especulativos y de los factores de riesgo. No se trata sólo de un análisis "pasivo", sino de la intervención en los mercados para favorecer el deterioro de las posiciones de la deuda y forzar un alza en los tipos de interés.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la deuda pública española desde comienzos de este año, y su señal fue el artículo del Financial Times sobre la debilidad del liderazgo del Gobierno Zapatero al asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea y defender, con 4,3 millones de parados, una salida de la crisis manteniendo la cohesión social. El reciente encuentro de Davos ha multiplicado ese eco, gracias en buena medida a los empresarios españoles que han asistido a los debates.
Los supuestos inicios de la recuperación en el resto de los países de la zona euro y en EE UU han dejado atrás a España, Irlanda, Portugal y Grecia, en los que el modelo productivo basado en la construcción y mercados laborales con alta precariedad hizo que la crisis comenzase un poco más tarde, pero tuviera su propia dinámica por la caída de la construcción (7% del PIB en el caso español). Ese retraso en la salida de la crisis, a pesar de que el sector financiero español no tiene problemas estructurales –más allá de la batalla social y económica, por no hablar de política, por el control de las Cajas de Ahorros— hace que la deuda pública española se vea preterida a la de las economías que ya están supuestamente saliendo de la crisis, y sea castigada con intentos especulativos para imponer tipos más altos.
Un segundo efecto "psicológico" es la situación catastrófica de la hacienda pública griega, con un nuevo gobierno socialdemócrata, al que los mercados internacionales quieren quebrar e imponer un plan de ajuste neoliberal salvaje. Como ha dicho el nuevo gurú de la ortodoxia neoliberal, Nouriel Roubini, en Davos estos días, "si cae Grecia" –se supone que por no aplicar las medidas neoliberales y sufrir su deuda pública tipos de interés del 6,7%—, "es un desastre para el euro; pero si cae España, es una catástrofe". No existe, a pesar de esta "frase- trampa", el menor peligro de que "caiga" la economía española. Sí existe, por el contrario, la amenaza de que este esfuerzo coaligado de intereses capitalistas especulativos acabe imponiendo en España lo que quieren hacer en Grecia y obtener pingües beneficios con la deuda pública española.
Plan de ajuste y reforma de las pensiones
Dentro del Gobierno Zapatero, el sector más socio-liberal, que controla la administración económica, ha respondido a esta presión "psicológica" exterior proponiendo un plan de ajuste duro del gasto público y el aumento a los 67 años de la edad de jubilación. En realidad se trataba de propuestas preparadas desde hace tiempo, aconsejadas por el Banco de España y la Comisión Europea, que ahora han encontrado su momento. Aunque ninguna de estas dos medidas son inevitables ni imprescindibles, me atrevo a señalar que la primera -el plan de ajuste que tendrá efecto inmediato- es la más peligrosa y que en buena parte la segunda -que no se aplicaría hasta el 2013- tiene la función de cubrir mediáticamente a la primera.
El Plan de Ajuste supone un recorte del gasto público de más de 50.000 millones de euros -40.000 por el gobierno y el resto por las Comunidades Autonómicas y los ayuntamientos- para reducir el déficit fiscal al 3% del PIB en el 2013 y volver a la ortodoxia de los acuerdos de Maastricht. Supone un frenazo en seco a los estímulos económicos del Plan E, a pesar de que nos encontramos en el momento más duro de las consecuencias sociales de la crisis, con un paro de 4,3 millones de personas, que supone el 18,8% de la población activa. Además del recorte presupuestario previsto de 8.000 millones de euros en los presupuestos del 2010, aprobados hace escasamente un mes, se añaden ahora otros 5.000 millones. Como ha señalado Almunia: "el recorte va más allá de lo que pide la Comisión" (EP 30-1-10)
Zapatero, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, ha asegurado que el Plan de Ajuste no afectará al gasto social ni a medidas como el cheque-bebé, a las becas, o a la Ley de dependencia, ni tampoco a la ayuda oficial al desarrollo y a las partidas para I+D. Cómo habrá de ser todo ello posible, está aún por ver, sobre todo con la caída de la recaudación fiscal, no sólo a causa de la crisis, sino por los recortes fiscales del Gobierno, que han situado la presión fiscal en el 32,8%, una de las más bajas de la eurozona.
La propuesta de reforma del sistema de pensiones tiene por delante un largo debate en la Comisión del Pacto de Toledo, y parece lejos del consenso o de la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación, sobre todo mientras las cuentas de la seguridad social sigan en superávit. Sus efectos no comenzarían a notarse hasta el 2013 y con efectos plenos para los nacidos después de 1959. La amenaza de aumentar hasta los 20 años el periodo obligatorio de cotización o elevar la edad mínima de prejubilación de los 52 a los 58 años en los expedientes de regulación encontrará el rechazo no solo de los sindicatos, sino también de la patronal.
Una alternativa de izquierda a la crisis es posible
Es evidente que hay soluciones de izquierda en esta situación objetiva: aumentar la presión fiscal a los beneficios del capital hasta alcanzar una media europea superior en varios puntos a la española, hacer una reforma fiscal mas redistributiva, consolidar los bonos de la deuda pública obligando a los bancos españoles a comprarlos y a que formen parte de sus activos consolidados. Todas estas medidas neokeynesianas están perfectamente estudiadas desde los años 30. Son factibles, aunque implican conflictos sociales internos –con las grandes patronales de la banca y la CEOE— y a nivel de la UE. Pero consolidarían la base electoral de la izquierda y prepararían una tercera legislatura del PSOE con apoyo parlamentario de otras fuerzas más a su izquierda.
Por el contrario, la doble propuesta de plan de austeridad y aumento de la edad de jubilación son una sentencia de muerte para cualquier gobierno del PSOE, porque su efecto es una confrontación con los sindicatos, la disgregación y la pasividad del bloque social de las izquierdas a un años de las elecciones municipales y autonómicas y a dos de las generales.
El ala de centro-izquierda en el Gobierno y en el PSOE ha reaccionado frente a estas propuestas subrayando que solo se podrá aplicar la segunda "con el consenso de los sindicatos" (declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros). Es decir, apuntando a la base social del Gobierno. Y es evidente que ni UGT ni CCOO pueden admitir esa propuesta. El Comité Federal del PSOE ha sido testigo de las criticas formuladas desde UGT hasta Izquierda Socialista, argumentando que una salida social-demócrata de la crisis exige no centrarse las medidas de recorte del gasto público, sino en la ampliación de la recaudación fiscal, sin que Zapatero haya recogido el guante del debate. Para el Gobierno era más importante mandar un mensaje a los mercados que responder a las bases sociales en las que se asienta su proyecto político.
La reacción de CC OO y UGT ha sido contundente. Pero desde la izquierda hay que hacer un esfuerzo en los próximos días y semanas para presentar los argumentos en contra de las medidas de austeridad presupuestaria. Desde el punto de vista estrictamente democrático, es una estafa que un mes escaso después de aprobar los presupuestos del 2010 –con el mayor apoyo político en los últimos cinco años— simplemente se reescriban y se impongan unas medidas de austeridad que se habían rechazado. Por otro lado, hay que replantear una alternativa de reforma fiscal en profundidad para atenuar el déficit presupuestario, que habrá que combinar con recortes en gastos públicos que no son sociales o de estimulo de la economía. Hay por delante una batalla importante, en el Parlamento y en la calle, incluida la movilización sindical.
De su éxito dependerá también el resultado de las elecciones autonómicas y municipales en 2011 y de las generales en 2012. Por eso es esencial apoyar a los sindicatos de clase en su respuesta al Gobierno, preparar una movilización unitaria de la izquierda, que incluya a los sectores de votantes del PSOE y del propio partido que se resisten a las políticas neoliberales del Gobierno, lanzar una batalla de ideas por una alternativa de izquierda a la crisis contra los especuladores internacionales e internos, que ponga por delante los salarios y el gasto social frente a los beneficios y las rentas.
Sin movilización, alternativa creíble programática y política de frente único no se podrá ganar esta batalla. Pero si no se gana, las consecuencias serán catastróficas, no para el euro, sino para las clases trabajadoras de todo el país..
G. Buster.
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