La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) rechazó este lunes la propuesta del Gobierno español de conceder la condición de refugiada a la activista saharaui Aminetu Haidar, quien, tras ser expulsada de El Aaiún (en Sáhara Occidental) por Marruecos por no reconocer su nacionalidad marroquí, se encuentra en el aeropuerto de Lanzarote en huelga de hambre desde el domingo 15 de noviembre para exigir su regreso a Sáhara Occidental.CEAS-Sáhara denunció en un comunicado "la connivencia de los gobiernos de España y Marruecos para ofrecer a Aminetu Haidar soluciones tramposas" que tienen su origen en la ocupación marroquí de Sáhara Occidental y en la permanente postura de los gobiernos españoles de claudicar y no aceptar su responsabilidad para liderar el proceso de autodeterminación de la ex colonia española".
Haidar ha calificado de "inaceptable" la solución que le propone el Gobierno español subrayando que no ha llegado a Lanzarote "como refugiada, sino expulsada" de su propio país (en referencia a Sáhara Occidental) por parte del Gobierno marroquí. Respecto al ofrecimiento que le ha hecho Rabat de entregarle un nuevo pasaporte si reconoce que es marroquí, la activista ha declarado: "Que me devuelvan el pasaporte que me quitaron en el aeropuerto de El Aaiún y no me impidan regresar a casa con mis hijos".
CEAS-Sáhara expresó su respaldo a estas declaraciones de Haidar y recordó que "no es marroquí sino ciudadana saharaui". En este sentido, explicó que el pasaporte que estaba utilizando es marroquí y no saharaui "por el simple y lamentable hecho de que Sáhara Occidental está ocupado por la fuerza militar y policial del Reino de Marruecos".
"Este documento se consiguió en 2006, meses después de iniciarse la 'intifada saharaui' y tras una campaña internacional para que se le concediera el pasaporte, necesario para viajar al extranjero y poder recoger distintos premios y distinciones de Derechos Humanos", añadió.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, admitió hoy que le "preocupa" la situación de la activista saharaui pero que no ve más que dos soluciones para ella: o pide un nuevo pasaporte marroquí o el estatuto de refugiada en España.
Pero CEAS-Sáhara afirmó que no puede "entender que un país como España, su Gobierno, sea cómplice de una situación tan injusta y arbitraria". "Nos da vergüenza que nuestra política exterior, con respecto al conflicto de Sáhara Occidental, se haga en Rabat y no en Madrid. Es insoportable que ningún gobierno de la democracia haya denunciado y rechazado radicalmente los chantajes permanentes del Reino de Marruecos", recalcó.
QUE HAIDAR REGRESE A EL AAIÚN
Por ello, la organizacióhn española exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "restituya la legalidad y facilite a Aminetu Haidar su vuelta a El Aaiún con sus hijos, en condiciones de seguridad y con todas las garantías para su integridad física y presione al Gobierno marroquí para que ponga fin a su permanente violación de los Derechos Humanos en Sáhara Occidental y, sobre todos, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, mediante un referéndum libre, transparente y justo en el que decidan sobre su futuro inmediato".
Marruecos, por su parte, debería permitir "el regreso inmediato y sin condiciones" a El Aaiún de Haidar, "para que pueda llevar a cabo sus actividades a favor de los Derechos Humanos sin temor a represalias y sin restricciones", así como "poner fin a la detención, acoso e intimidación de los defensores de los Derechos Humanos y a la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis", indicó CEAS-Sáhara, que recalcó que el Derecho Internacional establece que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país".
Por último, la ONG instó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a realizar "de inmediato" una investigación sobre las circunstancias de la expulsión de Aminetu Haidar de Sáhara Occidental y a establecer "un mecanismo para la protección de los Derechos Humanos del pueblo saharaui". Asimismo, consideró que la Misión de Naciones Unidas en Sáhara Occidental (MINURSO) debe ampliar sus competencias al ámbito de los Derechos Humanos.
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