"El reparto es totalmente aleatorio y equitativo y se lleva a cabo mediante un programa informático. No existe intervención alguna en el mismo de los jueces titulares de los órganos judiciales". El juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha respondido con esta contundencia al requerimiento que le hizo el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por haber abierto la primera causa penal contra el franquismo.
Pedraz ha adjuntado un oficio conciso, pero duro, en defensa del sistema de reparto de la Audiencia, en respuesta a una de las peticiones que había realizado el magistrado Luciano Varela, instructor en el Supremo del procedimiento contra Garzón.
Varela solicitó, entre otras pruebas, las normas de reparto de la Audiencia y una copia de cómo se distribuyeron las denuncias recibidas en el tribunal los tres meses anteriores a diciembre de 2006, fecha de la primera denuncia por los crímenes del franquismo.
En su oficio, Pedraz asegura que dicha denuncia se presentó en el juzgado de Garzón, que se encontraba de guardia esa semana. Pese a ello, como es preceptivo, el Juzgado Central de Instrucción número 5 la envió al Decanato para su reparto, según las normas vigentes entonces.
La secretaría del Decanato, bajo la supervisión del decano, la encuadró en el grupo "Otros asuntos", porque no se refería a terrorismo ni a delitos económicos, por ejemplo. Después se procedió a su reparto por un programa informático "aleatorio y equitativo".
Ninguna queja
El oficio precisa que "para el adecuado equilibrio existe una equiparación entre los juzgados que se realiza a final de año". Además, aclara que las normas de reparto fueron aprobadas en Junta de Jueces y confirmadas por la Sala de Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. "Nunca ha acontecido" que un secretario judicial proteste por la forma en la que se ha realizado el reparto de asuntos, señala.
No obstante, en julio las normas de reparto fueron modificadas a instancias del actual presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. Desde el cambio el asunto se repartirá, cuando sea posible, teniendo en cuenta la fecha en la que se cometió el delito.
Pero, en cualquier caso, la respuesta del Decanato al Supremo desactiva uno de los principales argumentos de los querellantes, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ambos de corte ultraderechista. La querella sostiene que Garzón prevaricó porque asumió la competencia para investigar los crímenes de la dictadura franquista sin que le correspondiera.
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