El Caudillo, una vez terminada la guerra, se ocupó de borrar cualquier vestigio de la II República e hizo visible en todo el Estado español quien era el que mandaba. Por ello aparecieron en todas las ciudades y ayuntamientos estatuas, escudos, nombres de calles y distinciones honoríficas dedicadas a hacer apología del régimen y a ensalzar a los golpistas. En el artículo 15 de la ley se prevé la retirada de estas menciones conmemorativas, la elaboración de un catálogo de las mismas y la posibilidad de dejar de subvencionar con ayudas públicas a aquellos que no cumplan este punto.En las siete grandes ciudades gallegas la retirada se está llevando a cabo según la voluntad municipal de cada una de ellas. Mientras que Santiago, Ourense, Vigo o Pontevedra tienen erradicado de sus edificios y callejeros buena parte de la herencia de Franco, en Ferrol o Lugo quedan todavía algunos vestigios. Especialmente llamativo resulta el caso del instituto de enseñanza secundaria público, Lucus Augusti, cuya fachada está presidida por un escudo con el águila imperial y, nada más entrar, podemos ver una vidriera con otro gigantesco escudo franquista. En la ciudad natal de Franco las calles del arsenal militar todavía honran al régimen.
Por ser el más actual y uno de los más polémicos, mención aparte merece el caso coruñés, que el pasado mes de septiembre aprobaba en un pleno municipal la retirada de 53 símbolos de la Dictadura sin el apoyo del Partido Popular. esta formación se mostró muy crítica, tachando el proceso de ''sectario'' y acusó a las demás fuerzas de excluírles del grupo de expertos constituído para tratar esta cuestión.
La defensa de Millán-Astray
Uno de los principales puntos de desencuentro entre el Gobierno municipal de A Coruña y el PP es la retirada de la estatua de Millán-Astray y el del nombre de la plaza en la que se encuentra, dedicada al golpista coruñés. El presidente de los populares de la ciudad herculina, Carlos Negreira, defendía la figura del que fuera responsable de la propaganda franquista arguyendo que ''es un coruñés de pro, de toda la vida''.
La postura de Manuel Monge, presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, contrasta bastante con la del líder popular. Monge considera a Astray ''un fascista y un pistolero'' y cree que ''el Partido Popular coruñés se sitúa al lado de la extrema derecha, compartiendo la ideología de Falange Española y Unión Coruñesa. No han acabado de romper con el Franquismo''.
La oposición a la retirada de determinada simbología sorprende a muchos. El Catedrático de Historia, Lourenzo Fernández Prieto dice no comprender ''las razones de la oposición a la retirada de los vestigios franquistas'' y va más allá cuando afirma que ''los que creemos en los principios democráticos y en los derechos humanos nos preguntamos si los opositores se sienten herederos del golpismo''. La pregunta que se hace Fernández Prieto y muchas otras relativas a la Ley de Memoria Histórica no ha podido ser contestada por Carlos Negreira, pues el líder popular ha rehusado hacer declaraciones para la elaboración de este reportaje.
Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH, también duda de la condición de demócrata de aquellos que defienden la permanencia de la simbología franquista. Además cree que ''se exponen argumentos de lo más peregrino'' para justificar a cargos de la Dictadura. ''Una cosa es quién fue alguien como ciudadano y otra su papel en la política o el Ejército. Pues que vayan a Euskadi y quizá haya una comunidad de vecinos encantada con un etarra que era un gran benefactor de esa comunidad, pero es que es un asesino''.
Políticas para la retirada de simbología
Lo cierto es que a pesar de este debate la CRMH de A Coruña se muestra satisfecha por el avance producido. Manuel Monge cree que ''la valoración es positiva, teniendo en cuenta que otros gobiernos municipales anteriores no reconocían la existencia de simbología franquista''. Pero Monge reclama que todavía quedan vestigios del régimen que no se van a tocar como ''nombres de algunos colegios o algunas calles dedicadas a personajes como Calvo Sotelo, a quien Casares Quiroga acusó de instigar el golpe de Estado''.
El historiador Dionisio Pereira apunta que ''en A Coruña se ha producido un gran avance y hay que tener paciencia porque estas cosas son lentas''. Lo que sí critica Pereira es que no exista una coordinación a nivel estatal para regularizar y agilizar el proceso. ''Había una comisión interministerial designada para elaborar un censo pero no lo hizo'', aclara.
Santiago Macías orienta su crítica en torno al cumplimiento a medios de este punto asegurando que ''no se están tomando las medidas necesarias para la retirada de los símbolos franquistas''. Macías opina que la amenaza de retirar subvenciones sería lo más efectivo porque ''en este país sólo se atiende a razones cuando se toca el bolsillo. Las administraciones tienen que dejar de pasarse la pelota y retirar subvenciones a quien no cumpla''.
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