Hace ya un año, en concreto el 18 de noviembre de 2008, el juez Garzón se inhibió en su investigación sobre los crímenes del franquismo y trasladó las denuncias de los familiares a 60 juzgados, seis de ellos en Galicia.Pasado un año, es Garzón quien está siendo investigado en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación al declararse competente para esta causa. El colectivo gallego promotor de la querella en la Audiencia Nacional sobre las desapariciones de la dictadura ha decidido recusar a todos los miembros de la Sala Segunda del Supremo tras haber admitido a trámite una querella en la que se imputa a Garzón un delito de prevaricación "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La sorpresiva decisión de la Sala Penal del Supremo fue adoptada por su presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. "Creemos que jueces como Adolfo Prego están vinculados a plataformas derechistas con intereses en este asunto", sentencia el portavoz de Memoria Histórica del 36, Ángel Rodríguez Gallardo.
Sobre la posición del Gobierno, con la aprobados de la ley de memoria histórica en el año 2007, Rodríguez Gallardo descarta que el Ejecutivo vaya a asumir la apertura de las fosas del franquismo. Por ello, emplazó al Ejecutivo de Zapatero a mantener las ayudas a los colectivos de la memoria histórica que desde hace años trabajar de forma altruista para que los familiares puedan recuperar los restos de miles de paseados durante el franquismo.
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